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Periodismo de Verdad: 11 de junio de 2009

 

La denuncia contra el candidato de Unión Pro parece ser una página más del libro de las maniobras fraudulentas

 

 

Hay quienes pueden creer que dialogar sobre las instituciones de la República, a las que curiosamente Néstor Kirchner define como “defensa republicana en abstracto”, o especular con la eventualidad de un posible fraude electoral son ejercicios teóricos o discusiones que tienen que ver con cuestiones meramente hipotéticas. Pero cuando se observa en la práctica la impúdica utilización de un juez por parte del Gobierno con fines partidistas se advierte que lo que estamos viviendo los argentinos es algo así como una clara clase de instrucción cívica, pero al revés. Por eso mismo, no es conveniente desaprovecharla.

La estruendosa instancia judicial que parece haberse montado en torno del candidato a diputado de Unión Pro Francisco De Narváez es una muestra de las múltiples facetas que, en los hechos, puede alcanzar el fraude electoral cuando hay manos inescrupulosas.

En primer lugar, son bien conocidos los pésimos antecedentes del juez federal Federico Faggionato Márquez, que estuvo camino de ser sometido a un jury de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura por 36 denuncias en su contra.

Citado en principio como testigo en la causa de la efedrina, De Narváez contestó por escrito las preguntas del juzgado, lo que dio pie a una insólita y amenazadora declaración del juez -quien en este caso no habla por sus sentencias, sino por los micrófonos- en el sentido de que el candidato de Unión Pro “no se desligaría tan fácilmente de la causa”.

Dejando de lado el obvio prejuzgamiento que esa inusual declaración supone, el magistrado se alineó de inmediato con el ministro Aníbal Fernández, quien a su vez comenzó a hostigar a De Narváez con la causa judicial.

Como si esas presiones no fuesen suficientes, el inefable juez Faggionato, cumpliendo con su amenaza y quizá con sus compromisos, volvió a citar a De Narváez, esta vez a prestar declaración indagatoria. Pero en la nueva circunstancia, y a pocos días de haber negado conocer a De Narváez, el propio Néstor Kirchner salió al ruedo para denostar al candidato opositor y decirle en un lenguaje entre grotesco y chabacano que no se ampare en sus fueros legislativos para no concurrir a la citación del juzgado federal. Lo que pide Kirchner es que De Narváez se preste a un juego no sólo funcional al poder, sino también a una aberrante modalidad, con reminiscencias de la canallesca denuncia sufrida por Enrique Olivera en vísperas de las elecciones de 2005. El entonces presidente Kirchner pidió, en aquella oportunidad, que Olivera aclarara su situación dos días antes del comicio.

Cuesta creer que el cónyuge presidencial se muestre tan preocupado por la comparecencia judicial de un candidato cuando, por ejemplo, no ha actuado de la misma manera ante las numerosas denuncias graves y de las consiguientes causas que se han interpuesto contra el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien bajo el amplio paraguas protector de los Kirchner parece jugar al “oficio mudo”, lejos de toda transparencia.

Sabido es que los instrumentos para descubrir la financiación y el lavado de activos relacionados con el narcotráfico constituyen hoy una de las herramientas más valiosas para combatir esa poderosa manifestación de crimen organizado.

Hoy no se discute que más importante que el secuestro de drogas cuyo valor es poco significativo para estas estructuras es que el combate se centre en suprimir las fuentes de financiación, así como los canales mediante los cuales las cuantiosas ganancias son incorporadas a circuitos financieros legales.

Estas importantes sumas constituyen muchas veces una fuente de corrupción que amenaza la actuación de las fuerzas de seguridad y de los funcionarios públicos llamados a resolver este tema.

En la investigación que lleva adelante el juez Faggionato Márquez se han denunciado aportes de laboratorios vinculados a la producción de grandes cantidades de efedrina, dirigidos a la campaña electoral del Frente para la Victoria, actualmente en el poder. Ante ello, llama poderosamente la atención que por lo menos hasta donde conoce la opinión pública el magistrado no haya realizado una activa investigación sobre la ruta de ese dinero, las razones y las expectativas que llevaron a los imputados a realizar esos aportes y los orígenes de los fondos.

Tal inactividad no hace más que profundizar las sospechas sobre el matiz político que el juez le ha dado a esa pesquisa, ya que ha desplegado una gran investigación respecto de tres llamadas telefónicas con las que se relaciona a De Narváez, mientras descuida el aspecto más importante de la causa, que es el referido a los activos financieros, justamente cuando el tema roza al oficialismo en el poder. El mismo oficialismo que, tal como ha denunciado todo el arco opositor, merced a su férreo control del Consejo de la Magistratura, tiene en sus manos la suerte del juez.

Pocas dudas pueden caber de que el episodio De Narváez, por quienes lo impulsan y por las circunstancias preelectorales en que se presenta, es una página más del libro siempre incompleto de las maniobras fraudulentas de gobiernos que han hecho reiterada gala de una imaginación tan grande como su carencia de límites morales.

Fuente: La Nación