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Periodismo de Verdad: 30 de julio de 2009

  

Evitaron desde el Gobierno la imagen de la derrota o la de una resignada concesión a los adversarios. Si hay algo que una administración no puede conservar, sobre todo después de perder las mayorías parlamentarias, son superpoderes ideados para eludir al Congreso.

 

La Presidenta hizo ayer, sí, un gesto en el buen sentido, pero se equivocó cuando calificó de “artificial” el debate sobre esas facultades extraordinarias. Nunca puede ser artificial ni insignificante una polémica sobre la tergiversación de las facultades que competen a cada uno de los poderes del Estado.

Debe reconocerse, con todo, que han sido tan culpables el Ejecutivo como el propio Congreso en el exceso de atribuciones delegadas al Gobierno. Y fueron culpables durante demasiados años. Sólo hace 12 meses, tímidamente, el Parlamento comenzó una agónica sublevación cuando Julio Cobos tumbó la resolución sobre confiscatorias retenciones a la soja y el girasol. Pero el problema de los últimos años no fue sólo el de un Ejecutivo insaciable de poder; también hubo un notable abandono de responsabilidades institucionales por parte de legisladores sumisos e incompetentes. El último domingo de junio cambió el ecosistema que hacía posibles esas transgresiones. Sin embargo, el Gobierno no ha dado mucho más que lo que necesita: conservará, según el proyecto oficial, el poder de cambiar las partidas presupuestarias sobre un 5 por ciento del presupuesto. Esas atribuciones recaen en el jefe de Gabinete. Alberto Fernández hizo uso de esas facultades extraordinarias sobre el 3 por ciento del presupuesto, y Sergio Massa, sobre un poco más del 4 por ciento. Los superpoderes actuales le permiten teóricamente al jefe de Gabinete modificar el ciento por ciento del presupuesto. “También hay límites jurídicos. Quien haga y deshaga todas las partidas presupuestarias terminará preso”, advirtió un funcionario.

Es cierto que Mauricio Macri cuenta con esas facultades para cambiar las asignaciones sobre un 5 por ciento del presupuesto. Pero que lo haga Macri no quiere decir que esté bien. ¿Quién le ha dado al jefe capitalino la potestad de certificar lo que es correcto o incorrecto en el gobierno de las cuestiones públicas? Un ejemplo contrario podría desarmar los argumentos de Cristina Kirchner y de Macri.

Vamos a él: Barack Obama asumió la presidencia de los Estados Unidos cuando no sabía si su país estaba ingresando en otra Gran Depresión. El flamante presidente norteamericano confeccionó un paquete de medidas excepcionales y lo envió al Congreso para su aprobación. Nunca pidió facultades especiales y los legisladores lo obligaron a negociar, a explicar y a ceder. Era el mejor momento político de Obama como líder de su país y del mundo.

Salir de la ratonera

Los inexplicables superpoderes argentinos iban a ser anulados por el nuevo Congreso. Nadie dudaba de esa perspectiva cierta. El jefe de los diputados oficialistas, Agustín Rossi, imaginó ya el 29 de junio, el día después de la derrota, que el kirchnerismo debía buscar una fórmula para salir airoso de semejante ratonera. Entonces empezó a menearse la posibilidad de reducir los superpoderes a los niveles que han sido útiles para el Gobierno en los últimos años; es decir, al 5 por ciento.

Cabe preguntarse, a pesar de todo, por qué deben existir superpoderes de ahora en adelante. Reducir su influencia es una manera de aceptar que el viento ha cambiado de dirección para los que gobiernan. Bienvenido sea el realismo. Hay, nadie lo duda, condiciones económicas y sociales que no son las mismas que las de los últimos años. Pero ¿por qué entonces existieron superpoderes totales sobre el presupuesto cuando los Kirchner se ufanaban de gobernar el período de mayor crecimiento económico desde la Segunda Guerra? ¿Cuál era la crisis, el conflicto o el problema que obligaba al Gobierno a contar con semejantes facultades extraordinarias, que prácticamente convertían en letra muerta a la ley más importante del Estado?

Para decirlo de otro modo: un clima de coincidencias con los opositores, si existiera ahora, no haría necesario que el Congreso deba delegar facultades, aunque fuere sobre el 5 por ciento del presupuesto. El argumento más escuchado entre funcionarios es que cada pedido de modificación de partidas presupuestarias, necesarias muchas veces, se convierte en un interminable trapicheo de favores con los gobernadores, jefes naturales de los legisladores. Le llaman trapicheo a la negociación. No existen política ni democracia sin negociación, lenta y fastidiosa a veces, pero siempre indispensable.

Queda todavía la posibilidad de modificar el presupuesto mediante decretos de necesidad y urgencia. Ese margen es extremadamente relativo. Los famosos DNU son una herramienta clave y arbitraria cuando el Ejecutivo cuenta con mayorías parlamentarias. En épocas de minorías legislativas oficialistas esos decretos se convierten en virtuales proyectos de ley, sometidos al examen, a la aprobación o al rechazo del Congreso.

El anuncio de ayer no deja de ser, con todos los reparos que merece, una notificación clara de que el oficialismo está combatiendo ya en las últimas líneas que defienden el viejo orden perdido, el de un poder inmenso, innecesario y desdichado.

Fuente: La Nación

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