De la Constitución 2006, no hablar. Por Rubén Rodó
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Sin temor de que Juan Bautista Alberdi, levantado de su sepulcro, se espantara de indignación, se celebró en Tucumán el Congreso Argentino de Derecho Constitucional con el fogoneo por debajo del gobernador, justo en la recordación del nuevo aniversario de su muerte.
Fue un acto de audacia sin parangón. Si hay un lugar en la República donde se avasalló y pisoteó la concepción alberdiana de la Constitución Nacional de 1853, es en la tierra del ilustre tucumano, cuyas ideas fueron totalmente bastardeadas en la Carta Magna de 2006. Es el compendio de la ajuridicidad con la parición de institutos para avergonzarse, como el originario Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), tumbado por la Corte, -para citar sólo uno-, que dejó en la persona de Alperovich la facultad de su composición, a su antojo y por decreto, sin fijar los estamentos que debían integrarlo, ni el número de representantes. Su objetivo era -y es- la apropiación de la Justicia, inundándola con togados amigos.
En el terruño de Alberdi, como una cruel paradoja, no se sabe si la Constitución rige o es una entelequia. De lo que nadie tiene dudas es que está impregnada con un barniz autoritario, nacida del magín del gobernante, para calce perfecto de su ambición política. Algunos planteos de inconstitucionalidad no están aún resueltos, a más de tres años de su aprobación. Esa omisión de los jueces es inadmisible y contribuye al deterioro institucional. Por obra del mandatario, hay en este momento 34 despachos vacíos a ser cubiertos por un CAM, devenido ahora de la ley, de cuyos seis miembros, tres son legisladores, de por sí sospechoso por su conformación.
La organización de la asamblea estuvo a cargo del catedrático Sergio Díaz Ricci, miembro del Tribunal de Cuentas, y uno de los panegiristas que salió a predicar las bondades del engendro oficial, antes, durante y después del alumbramiento. El propuso a Tucumán como sede en el anterior Congreso de Paraná, donde defendió su texto, que ha de pasar a la historia como lo que no hay que estatuir nunca en una Constitución. Si se analiza el temario debatido por los especialistas que participaron del encuentro, se advierte que en ninguno de los paneles se incorporó el tema de la anti-Constitución tucumana, que ni siquiera juró la Corte Suprema, por el cuestionamiento de sus institutos. El organizador se cuidó muy bien de escamotear el análisis de esa pieza ajurídica, para no irritar al césar, claro. La deliberada omisión fue remarcada por el Colegio de Abogados. “Son piezas jurídicas difícil de encontrar en América Latina”, espoleó. Y Luis Iriarte fulminó la constitución alperovichista, al señalar que aquí se sepultó la esencia republicana y federal con una concentración abusiva e inconstitucional de potestades, debilitando la calidad institucional.
Se perdió una ocasión irrepetible en la que hubiera quedado al desnudo, ante el país, el avasallamiento del poder político sobre una Constituyente sumisa, que acogió hasta el último capricho del jefe del PE. Se debe reconocer que Díaz Ricci hizo un buen trabajo para el patrón. A estas horas, Alperovich desespera por su tercer mandato consecutivo, pese a que la Ley de Leyes determina una única reelección. Se cuelga del art. 159 que graciosamente ingertó que el período 2003-2007 (ya cumplido) no será computado como su primer mandato. Puro realismo mágico subtropical, difícil de entender. Contenía, además, otros graves pecados jurídicos, como la reelección al infinito mediante el sistema de enmiendas, convirtiendo al Parlamento en asamblea reformadora. Cosas de la imaginería alperovichista. Sólo cinco, de los 49 representantes, son de la oposición. La Corte también derribó este disparate.
Malas noticias para el mandamás trajo el cartero del Poder Judicial. La Justicia le acaba de propinar otro mandoble en su testa coronada; es el tercero desde la sanción de la Constitución que cae bajo la cimitarra de los cortesanos. ¿Es el preludio de lo que pudiera ocurrir con su re-re-re reelección, obsesión que no lo abandona de día ni de noche? En un acto fallido, reconocido inmediatamente, la Corte Suprema, de oficio y por unanimidad, anuló en su totalidad el art. 80 de la Constitución que da razón de ser a la existencia del Tribunal de Cuentas y determina sus atribuciones y deberes. Se aclaró después que la abrogación no alcanza a toda la norma, sino únicamente al párrafo final, que desbordó limitaciones impuestas por la ley de la reforma.
¿Por qué la importancia de este fallo? Por sus consecuencias directas contra la re-reelección de Alperovich y su similitud con la objeción a la Junta Electoral, cuya composición alteró la Constituyente extralimitándose en el temario que fijó como poder preconstituido la Legislatura, al citar a la Convención. En la Junta invirtió la supremacía de la Justicia, reemplazándola por el predominio político. Para que se entienda bien: el ministro fiscal de la Corte, Luis Di Mitri, fue sustituido por el fiscal de Estado, Pedro Giúdice. La Constituyente se tomó una atribución que no le fue conferida, sin limitarse a lo predeterminada por la ley 7.469. La Junta Electoral es un órgano esencial de contralor de todo el proceso eleccionario, antes, después y durante la consulta popular. Es la que fiscaliza la inscripción de los partidos políticos, la aptitud de los candidatos, entiende en las impugnaciones, controla la votación en sí y el escrutinio y todo cuanto esté vinculado con los comicios. Ese es el motivo por el cual Alperovich quiere tener el manejo del ente en sus manos.
Al eliminarse al fiscal de Corte y sentar en su lugar al fiscal de Estado, las decisiones de la Junta quedan sujetas al arbitrio de Alperovich, pues el otro integrante es el vicegobernador. Ambos reportan a sus órdenes. El titular del supremo órgano de Justicia es el tercer miembro y desde la minoría nada puede hacer. Este asunto tiene dictamen del fiscal Manuel López Rougués, a favor de restituir la primacía originaria y está a fallo en la Cámara Contenciosa Administrativa, Sala II. Tras la movida interna de la Corte, con la erradicación de Antonio Gandur, el nuevo presidente de la Corte podría ser Antonio Estofan, ligado estrechamente al gobernador. Si así fuera, el control del la Junta seguirá bajo la voluntad de Alperovich. También el fallo está atado al art. 159, que posibilita la segunda reelección del gobernador, con total desconocimiento de su primera gestión (2003-2007), a pesar de que la ley de convocatoria de la Constituyente estableció la imposibilidad que los cargos electivos, al momento de la reforma, “fueran modificados, alterados o declarados caducos”. La suerte política de Alperovich es de final abierto y lo tiene muy nervioso.
El Tribunal de Cuentas, con Díaz Ricci a la cabeza, bramó diciendo que la Corte debió haber estudiado y controlado más y mejor la sentencia sobre el art. 80 que hacía desaparecer virtualmente el Tribunal de Cuentas. Aunque fue un acto fallido admitido y corregido, ¿se equivocó la Corte? Desde el rigor jurídico, sí, pero no tanto si se mira desde otro ángulo. El mismo Díaz Ricci confesó que si bien la Junta no desaparecía, “la institución de control perdía todo sentido”. Sin proponérselo, acertó. Desde hace largo tiempo, su existencia no tiene razón de ser. Dejó de cumplir su tarea esencial de control de los actos de gobierno, y se transfiguró en una simple oficina burocrática, sujeta al PE, validadora de cuanta tropelía administrativa emana de la gestión de Alperovich. Todo está bien y nada objeta. Por delante pasan sospechosos hechos de corrupción del tamaño de un elefante y mira al sótano. Siempre tiene una batería argumental meandrosa para justificar lo inadmisible, en casos en que lo legal se vuelve ilegítimo.
En el feudo tucumano la violación de la ley de obras públicas y de administración financiera, es común y nadie se espanta. Ni los fiscales, por temor al príncipe. La licitación pública está sepultada. Hay que rescatar y ponderar la última resolución del Tribunal de Cuentas, al reconocer que la propina del personal del Casino forma parte de sus haberes para la jubilación. Sus miembros, a su manera, también se asignaron su propia propina. Tiempo atrás, decidieron por sí y ante sí asimilarse a los jueces y no pagar impuestos a las ganancias, pese a que el organismo es de pertenencia administrativa. La AFIP les abrió un proceso por evasión.
El mandato del presidente de la Corte vence el 12 de octubre. Su reemplazante es trascendente en las actuales circunstancias que vive Tucumán, con miras al relevo del poder en los comicios de 2011, la puesta en marcha del CAM y la formación del Jurado de Enjuiciamiento. ¿Quién será el sustituto de Antonio “Chiquito” Gandur? Una incógnita que pareciera que no es tal. Sin embargo, vale la pena explorar algunas alternativas posibles.
1) Con una hábil movida interna, designándolo para presidir el CAM, Gandur, a quien no le disgustaría quedarse atornillado al sillón, fue sacado de juego por Antonio Estofán, quien lo propuso para ese sitial, con el apoyo de sus pares. De paso, arrimaba el bochín para su propia candidatura a la presidencia. Este es quien preside la Junta Electoral y de ahí la doble importancia para Alperovich. La definición no está firme aún.
2) Con certeza a quien no se elegirá es a René Goane, no porque carezca de méritos suficientes ni haya impedimento alguno (ocupó varias veces el apetecible lugar), sino porque no es bien visto por el poder político -al que miran de reojo los demás cortesanos a la hora de definirse), por la absoluta independencia de criterio con que se maneja y su impermeabilidad a cualquier influencia, venga de donde viniere. Alperovich ya quiso quillotinarlo, con un amañado juicio político por su voto adverso al originario CAM y tuvo que recular por la repercusión escandalosa que tendría el caso.
3) A un hombre corto de carácter como Alberto Brito, amigo de Alperovich desde sus mocedades cuando compartían el club de básquetbol Independiente, le provoca urticaria la poltrona mayor y la esquivó eternamente; al parecer, no querría cambiar su vida rutinaria, sin sofocones, por el ajetreo judicial con alta carga política.
4) Antonio Estofán, loco de contento aceptaría la distinción, para alegría de Alperovich, y trenza a dos manos con ese objetivo; por razones éticas debería excusarse, por su atadura amistosa con el gobernador, quien lo colocó en el cargo y de quien fue -y es- un fiel servidor, con un protagónico papel como fiscal de Estado, defendiendo el esperpento constitucional de 2006. En un acto de desdoro para la Corte, sin guardar el decoro de un juez y más si es supremo, visita a menudo al jefe del PE en la sede gubernamental, a punto tal que sólo falta que instale su despacho junto al de su anfitrión. Es una inhibición moral, si pretende llegar al vértice del Poder Judicial, porque la gente no podría diferenciar si es él o Alperovich el presidente de la Corte.
5) Queda, finalmente, Claudia Sbdar, a quien también se la asocia estrechamente al mandamás; éste la izó hasta la vocalía que hoy ocupa. En medio de tantas dubitaciones, ambiciones, codazos y tironeos, bien podría ser la primera mujer en la historia judicial aldeana que se calza la toga presidencial. La designación -de producirse- no le caería nada mal a José; por el contrario, la recibiría alborozado, porque la computa como una juez de su propio palo.
Fuente: el periódico (Tucumán)
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