Educación argentina, la deuda de una política de Estado. Por Eduardo A. Andrades
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sin continuidad en las políticas públicas y sin grandes acuerdos en las estrategias, es muy difícil transformar la crítica situación educativa del país.
¿Cómo comenzar a hablar del estado de la educación argentina sin sentir una profunda tristeza y una dolorosa impotencia? La Argentina, país exportador de cerebros hasta no hace mucho, sentía el orgullo de que de sus filas de universitarios surgían profesionales sobre los cuales había, desde el extranjero, más ojos puestos que sobre los jugadores de fútbol.
Hoy la realidad es muy otra ya desde las bases. La escuela está inmersa en una crisis que no tiene parentesco alguno con la crisis global que hoy está en boca de todos.
Es una crisis propia, con saldos socialmente nefastos: el docente, descalificado por la sociedad; la falta de perfeccionamiento profesional serio y continuo; escalofriante porcentaje de abandono y repitencia; egresados sin el nivel mínimo de conocimientos teóricos y prácticos; ausentismo docente sin precedentes, como para enumerar sólo algunos.
Con cada gobierno se establecieron nuevas políticas, con lo que se rompió la continuidad que es la base para cualquier desarrollo. Podemos así mencionar el Congreso Pedagógico de la década del ’80, la Ley Federal de Educación (N° 24.195) de los ’90 y la Ley de Educación Nacional en el nuevo siglo. Dos grandes procesos interrumpidos y un tercero del que ignoramos qué duración tendrá.
A muchos nos duele pensar que pueden tener razón aquellos que opinan que la “des-educación” es un plan para el mejor ejercicio del poder. De hecho, existe.
A lo largo de nuestra historia contemporánea hemos observado con qué facilidad se influye en el pensamiento colectivo y cómo se lo arrastra hacia intereses que no constituyen precisamente el bien común o el respeto igualitario de las normas o el equilibrio entre deberes y derechos ciudadanos, entre otros ejemplos.
Se habla incluso de un modelo de país, cuando en realidad no existen indicadores puntuales y debidamente consensuados que precisen que “éste” es el modelo de país que la Argentina necesita.
Aunque transitemos un penoso proceso de maduración democrática, la escuela sigue siendo la institución potencialmente capaz de ofrecer los mecanismos más nobles y eficaces para formar una ciudadanía elevada.
La educación argentina lleva décadas proponiendo y planificando tareas que con el tiempo caen al vacío. Tal vez sea razonable que esto ocurra, en virtud de los poderosos cambios que vive el mundo, pero lo lamentable es que no se discuta seriamente sobre convertir la Educación argentina en Política de Estado.
En tanto eso no exista, la educación seguirá siendo cautiva de los gobiernos de turno, y con un agravante: la miopía que impide mirar objetivamente lo positivo realizado por los antecesores.
Ante el interrogante de por qué la educación en la Argentina no es política de Estado, la respuesta podría ser cuánto se arriesga en las urnas. Los partidos que aludieron al tema, lo hicieron cuando ya eran gobierno, pero lo cierto es que no atinaron a comenzar un proceso de desarrollo consensuado y definitivo que terminara con los remiendos.
Sólo hubo cierta continuidad cuando dos o más gobiernos provenían del mismo partido; pero siempre que cambió el color, en lugar de aportar planes que sumaran, hubo que padecer modificaciones experimentales de fondo.
La educación debe estar sustentada en una responsable participación de todos los sectores sociales, oficiales, empresariales y la comunidad toda, docentes y familia, entendiendo por esta última tanto la del alumno como la del docente.
Debe encararse una política de integralidad que devuelva la dignidad a la escuela y a su comunidad, desde los primeros pasos en el nivel primario hasta el terciario o universitario, que produzca camadas de profesionales de la educación capaces de asumir la responsabilidad ciudadana absoluta de moldear y formar verdaderos ciudadanos.
La escuela tiene que dejar de lado los “códigos vigentes” para recuperar los “valores perdidos”.
Es indiscutiblemente el Estado -en conjunción con toda la sociedad- el que debe arbitrar los medios para iniciar el camino de recuperación que, por cierto, no es breve. Considerando que el recorrido total de un alumno hasta completar su nivel secundario, sin interrupción, es de 12 años, de comenzar hoy, el producto final lo tendríamos en 2021; de concluir en una carrera profesional, 2025/27. Creo entonces que tal inversión vale la pena.
Esa mirada está esencialmente colocada en la población de menores recursos, atada culturalmente a vivir de planes sociales -cuyo único fin es el clientelismo- que anulan toda libertad de pensamiento y privan de la dignidad de recibir un salario producto del propio esfuerzo.
No puede compararse la pobreza sufrida por los inmigrantes que ayudaron a forjar nuestra nación, con la miseria estructural que hoy padece un elevadísimo porcentaje de nuestra comunidad.
La Constitución de la Provincia de Mendoza da marco a la Educación e Instrucción Pública en su Sección VIII, Capítulo 5.
Por lo tanto, devolverle la constitucionalidad a la educación, ¿no sería la mejor forma de empezar?
Por Eduardo A. Andrades – Director de Capacitación del Honorable Senado de la Nación – Ex Subsecretario de Gestión Institucional DGE – Ex Director de Educación de Jóvenes y Adultos DGE
Fuente: Los Andes (Mendoza)
email este artículo
)
publicado el septiembre 10th, 2009 a 19:20
publicado el septiembre 25th, 2009 a 15:31
publicado el octubre 20th, 2009 a 19:06