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Periodismo de Verdad: 29 de octubre de 2009

Estuvo jocosa, ayer, Cristina Kirchner, al presentar su reforma política. Y tiene motivos: el enciclopédico proyecto que envió al Congreso expone a sus adversarios a una fenomenal contradicción. Casi todos los partidos han presentado iniciativas que coinciden, en algún punto, con la del Poder Ejecutivo.

 

El mayor dilema, sin embargo, lo enfrentará la UCR. El texto oficial pretende que los partidos de gran extensión territorial ejerzan una especie de monopolio de la representación política. Lo hace a través de varios dispositivos combinados: obliga al esfuerzo de realizar internas en todo el país, sin posibilidad de presentar listas únicas; establece un piso mínimo -pero muy exigente- de afiliados y votantes en todos los distritos, sin el cual caduca la personería; impide a quien perdió la interna competir en las elecciones generales; exige a quienes se postulan como extrapartidarios la renuncia a la afiliación a su propia fuerza, y mantiene la lista sábana.

Estas prescripciones satisfacen los intereses de Néstor Kirchner, en la medida en que disminuyen las posibilidades del peronismo disidente y del macrismo. Kirchner anda en busca de un gran sparring . Quiere forzar a sus opositores a una interna en el PJ, porque supone que, ganándoles, recuperaría el poder político perdido. Hay algo autocrítico en su afán: con un método como el que pretende imponer, jamás hubiera llegado a la presidencia.

La necesidad de Kirchner es un inapreciable regalo para los radicales, que mejorarían su capacidad para representar al electorado no peronista. Por eso Kirchner envió a los integrantes de su entorno a dialogar “con el boina blanca que tengan más a mano”: el último en partir fue Julio De Vido, con amistades insospechadas en el radicalismo porteño.

“Es la tentación a un pecado imposible -explica un ex senador radical-; si aceptáramos este arreglo, estaríamos dejándole la opinión pública a «Lilita» [Carrió], como se la dejamos a «Chacho» Alvarez con el Pacto de Olivos.” Gerardo Morales, el principal aliado de Carrió desde la presidencia del radicalismo, coincide con esta tesis.

Pacto solapado

Hay radicales que se sienten incómodos con Carrió y que, por lo tanto, están dispuestos a asumir el riesgo de un pacto solapado. Uno de ellos, conocedor como nadie del funcionamiento del Congreso, lo explicaba ayer así: “Deberíamos oponernos en la retórica, pero ayudar con el quórum”.

Más allá del sueño bipartidista, el proyecto de ley contiene varias cláusulas que hay que observar de cerca:

• Prohíbe la contratación privada de espacios de TV. Este criterio predomina en los países con tradición socialista, ya que los aportes de las empresas suelen volcarse en los partidos de derecha. Pero ha sido objetado por la Corte de los Estados Unidos (fallo Buckley vs. Valeo, 1976), que inscribió el derecho de los ciudadanos a financiar la política como un aspecto de la libertad de expresión. Esa sentencia fue receptada por la jurisprudencia local en 2001.
• Exagera la deformación “cesarista” del régimen actual. Por ejemplo, sigue permitiendo la propaganda oficial durante las campañas.
• Tampoco deja en manos de la Justicia la distribución del espacio en los medios, que sería una atribución del Ministerio del Interior.
• No está claro si la fecha de internas queda predeterminada o si la fijará el Ejecutivo según su conveniencia.
• Propone la digitalización de los padrones, que serían administrados por la Cámara Nacional Electoral (en detrimento de los jueces de primera instancia), pero con la intervención del Ministerio del Interior en el establecimiento de altas y bajas.

Fuente: La Nación

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