La patria piquetera. Editorial de “La Nación”
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El propio gobierno que incentivó la espiral de la violencia política hoy se declara incapaz de controlarla
La conflictividad social y gremial, con su secuela de acciones de protesta en las cuales el espacio público dejó de ser público, ha alcanzado niveles inusitados en la última semana, ante la sorpresa de un gobierno que no ha asumido responsabilidad alguna por una situación que mucho contribuyó a crear.
Aunque la presidenta Cristina Kirchner, en otro ejemplo de negación de la realidad, culpó a los medios por mostrar “obscenamente” la pobreza, hay suficientes razones para interpretar que el Gobierno es hoy víctima de sus propias trampas y de una patria piquetera en cuya lenta constitución no fue inocente.
Los conflictos que se han manifestado en calles y rutas de esta capital y del conurbano bonaerense reconocen distintos motivos. Unos son liderados por gremios que demandan mejoras salariales o que enfrentan despidos. Otros son protagonizados por trabajadores que se han rebelado contra las cúpulas de sus sindicatos y luchan contra una ley de hierro que permite a las conducciones gremiales perpetuarse en el poder y no ceder espacio a las minorías. Finalmente, están aquellos conflictos que enfrentan a organizaciones sociales, vinculadas con el llamado sector piquetero, que pugnan por no quedar excluidas de las ayudas sociales que durante mucho tiempo recibieron de los gobiernos kirchneristas.
En casi todos los casos, la población ha sido tomada como rehén por los manifestantes y ha visto coartado su derecho a transitar e incluso a trabajar.
Por un lado, la avalancha de protestas está haciendo caer el velo con el cual el Gobierno intentó tapar el crecimiento de la pobreza y la desocupación, recurriendo a toda clase de falacias estadísticas.
Por otro lado, han quedado en evidencia profundas grietas en organizaciones sociales que hasta no hace mucho daban claras pruebas de adhesión al kirchnerismo y hoy se sitúan en la vereda de enfrente, quizá por haber perdido privilegios con los que el Gobierno los benefició oportunamente.
Se advierte con claridad también que detrás del proyecto oficial de crear cooperativas no existe la intención de promover trabajo genuino. Tan sólo de consolidar las redes del clientelismo con un propósito netamente político con centro en el estratégico conurbano bonaerense.
El clientelismo no apunta a la inclusión social sino a la perpetuación de la exclusión social para disponer de una masa lista para utilizar con fines partidarios o, como ha ocurrido tantas veces, para presionar a quienes se resistan a sumarse al proyecto oficialista.
La política clientelista se mezcla, en la concepción kirchnerista del poder, con la violencia política y con la intolerancia. Detrás de la “cooptación” de los sectores sociales más postergados hay un proceso de extorsión. A mayor pobreza, a mayores necesidades, menor es la libertad para elegir y decidir. Es esa la lógica que tradicionalmente ha guiado los pasos para la acumulación de poder por parte de los representantes de la llamada vieja política, que en casi nada se diferencia de la política de quienes hoy gobiernan el país.
La extorsión y la violencia política se han generalizado como método para la obtención de beneficios personales o sectoriales. Las acciones desplegadas en los últimos días por el gremio camionero para obstaculizar la salida de los dos principales diarios de la Argentina no son otra cosa que eso. El corte de la avenida 9 de Julio por un grupo de piqueteros que quedó fuera de la distribución de recursos oficiales se asocia con el mismo método. Tomar como rehenes de la ocupación del espacio público a automovilistas que buscan llegar a sus trabajos se ha convertido en un hecho de todos los días.
Durante años, el gobierno kirchnerista, con el argumento de que la protesta social no puede criminalizarse, no hizo nada para evitar esos hechos y hasta se valió de algunos de esos grupos piqueteros para sus objetivos políticos. Hoy es señalado como el principal responsable de la ausencia del Estado para garantizar el orden público.
Lo grave es que la cultura piquetera se ha extendido y se extiende cada vez a más vastos sectores: desde estudiantes y docentes hasta productores rurales.
La carga de agresividad discursiva del kirchnerismo, incluidas ciertas referencias de la Presidenta a la lucha de clases, no ha hecho más que alimentar la tensión y contribuir a concebir el conflicto permanente como la única vía para el progreso social. Los peligros de la espiral de la violencia están a la vista, con el dato agravante de que el propio gobierno que la incentivó hoy se declara incapaz de controlarla.
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