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Periodismo de Verdad: 22 de Noviembre de 2009

 

A medida que el gobierno kirchnerista ingresa en su crepúsculo, el método de la extorsión se vuelve más dañino

 

A pesar de haber reprobado el examen electoral del 28 de junio pasado, el Gobierno ha decidido insistir, y por momentos exagerar, todas sus políticas. Esa ratificación es el factor principal de la caída de la imagen positiva, cada vez más pronunciada, del matrimonio gobernante en todos los sondeos de opinión realizados por profesionales independientes.

El rasgo sobresaliente del legado de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner es la notoria deformación institucional que se registra en la Argentina, a partir de un método que habitualmente roza la extorsión para extender espacios de poder en función de las necesidades de la población más humilde, de las gobernaciones con finanzas más débiles y de los empresarios sedientos de negocios con el Estado.

Al cabo de seis años en el poder se empeoró un sistema cuya calidad era ya muy discutible. Además de no registrarse esfuerzo alguno para revertir la fragilidad de las fuerzas políticas, se aprovechó esa minusvalía para manipularlas desde el Estado. El diálogo entre las distintas corrientes y sectores, que había sido a partir de 2002 un valiosísimo recurso para detener el derrumbe, fue sustituido por un plan sistemático de división de las organizaciones opositoras, que se completó con la cacería de muchos de sus dirigentes, tentados con cargos públicos o amedrentados por el acoso fiscal, como en el reciente caso del gobernador correntino, Ricardo Colombi.

El kirchnerismo procesó su curiosidad por conocer lo que piensan quienes no se le someten de una extraña manera: interviniendo teléfonos o casillas de correo electrónico. De esta infeliz experiencia deviene un doble saldo: una clase política más fragmentada y un aparato de inteligencia que ha adquirido un poder incontrolable.

En la gestión kirchnerista es notorio también el desequilibrio en el juego de los poderes del Estado. El Ejecutivo se expandió sobre el Congreso de mil maneras: entre otras, la reglamentación inconstitucional de los decretos de necesidad y urgencia, el uso abusivo de facultades delegadas y la perpetuación de los superpoderes presupuestarios del jefe de Gabinete. La Justicia también fue avasallada. El homenaje a su autonomía que pareció realizarse con la renovación de la Corte Suprema -sana en sus objetivos, pésima en su procedimiento- quedó invalidado con creces gracias al control político del Consejo de la Magistratura.

La manipulación electoral de las urgencias materiales de la población más desprotegida no fue inventada, por cierto, por la actual administración. Pero cuando abandonen el poder, la Presidenta y su esposo habrán cubierto con esa práctica casi todos los aspectos de la vida colectiva. Gobernadores, empresarios, intendentes municipales, sindicalistas, piqueteros, algunos periodistas y muchos encuestadores se han ido acostumbrando a que la satisfacción de la necesidad sólo se alcanza con una resignación de la libertad. La asignación discrecional de los recursos fiscales ha sido uno de los instrumentos utilizados para multiplicar este vínculo extorsivo. La reposición de la ley allí donde ahora sólo impera la voluntad del que manda demandará un largo esfuerzo de reparación moral cuando se vayan los Kirchner.

La agresividad del oficialismo con la prensa independiente es la medida de la dificultad que están encontrando los Kirchner para imponer ese código de intercambio en la circulación de la información pública.

El método de la compraventa se vuelve todavía más dañino cuando la administración ingresa en su crepúsculo. Las presiones no terminan sino que se revierten. Ha sido penoso en los últimos días advertir el avance corporativo al que se ve sometido el matrimonio, sobre todo de parte de intendentes, sindicalistas y piqueteros. Es otro rasgo principal del país que encontrará quien suceda a Cristina Kirchner: un desborde faccioso de organizaciones que se lanzan sobre los recursos del Estado con más voracidad cuanto más exiguos son esos recursos.

Desde 2003, el país está más aislado que durante el período anterior, a pesar de que durante ese período se había declarado el default y se habían deshonrado casi todos los contratos. La Argentina no ha dejado de descender en los rankings internacionales de transparencia pública y los más importantes líderes internacionales han excluido a nuestro país en sus periplos por la región, cautelosos ante la posibilidad de ser maltratados por funcionarios que sólo han ejercido su dificultosa cordialidad frente al populismo caribeño.

No hace falta esperar a que termine el actual período presidencial para advertir que dejará tras de sí una economía enmarañada por subsidios e intervenciones que, en la mayoría de los casos, alimentaron la corrupción. Habrá que reconciliar a la sociedad con la verdad acerca de la pobreza, la inflación, el desempleo, fenómenos ocultados detrás de la adulteración estadística. Habrá que salir ordenadamente del congelamiento de precios y tarifas, y reponer el funcionamiento de los mercados para facilitar la inversión. Habrá que devolver su lugar a la iniciativa privada y regresar a su sitio al Estado, que expandió su poder con regulaciones y expropiaciones. La distorsión de los precios relativos, el desbarajuste fiscal, la inflación y su secuela de empobrecimiento, y las regulaciones arbitrarias forman parte del balance que harán de este período los historiadores que lo narren.

La dimensión de estas tareas demandará un gran ejercicio de diálogo, negociación, reconocimiento del interés ajeno y moderación de las propias pretensiones. En definitiva, un reencuentro de la sociedad argentina, y sobre todo de su dirigencia, con la política, entendida en su sentido más noble y constructivo.