Compras estatales sin licitación. Editorial de “Clarín”
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Eludir la realización de licitaciones en compras estatales cuando la legislación lo establece puede dar lugar a actos de corrupción en perjuicio del Estado, del sector privado y de los contribuyentes.
Este problema se ha planteado en el Ministerio de Economía y en Aerolíneas Argentinas, y en ambos casos ha dado lugar a una oportuna intervención de la Justicia.
En febrero pasado, una investigación de este diario reveló que el Ministerio de Economía, mediante una resolución firmada por Amado Boudou, compró 19 autos por más de 2 millones de pesos, sin realizar el debido proceso de licitación pública, como establece el Régimen de Contrataciones del Estado, para compras superiores a los 300.000 pesos.
La revelación dio lugar a una denuncia y a la consiguiente investigación judicial para determinar si se cometió algún delito.
Aerolíneas Argentinas, por su parte, mandó a reparar un Airbus A340 300 a un taller de Brasil elegido sin licitación, lo cual también dio lugar a una investigación judicial en la que está imputado el presidente de la empresa, Mariano Recalde.
En este caso aparecen los agravantes de que, según opiniones técnicas, el avión podía repararse en talleres locales, y de que el taller brasileño elegido hizo mal el trabajo. El mismo debió ser realizado, finalmente, en el país, con un elevado costo para la ya muy golpeada Aerolíneas.
La obligación de realizar licitaciones en compras estatales tiene el propósito de promover la competencia de los oferentes de bienes o servicios, de impedir decisiones que pueden beneficiar o discriminar a empresas privadas y de dotar al proceso de transparencia para evitar actos de corrupción.
Por eso, cuando se viola esta norma surge, razonablemente, la sospecha de que el Estado pudo haber sido perjudicado así como de que puede haber habido corrupción de los funcionarios, por lo cual es ineludible la profunda investigación de la Justicia.
El Ministerio de Economía y Aerolíneas Argentinas realizaron compras sin la correspondiente licitación, violando una norma de protección al Estado y al sector privado.
Fuente: Clarín
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