El acceso a la información pública es uno de los principales mecanismos de transparencia de la gestión estatal y, por ello, es un instrumento indispensable para luchar contra la corrupción y el uso arbitrario de los resortes pertenecientes a toda la sociedad.

A la resistencia del Gobierno nacional en promover un régimen legal de acceso a la información pública -el cual existe en la mayoría de los países de la región- se le ha sumado un grave retroceso, como lo es la negativa del Ejecutivo a informar sus gastos de publicidad, un dato que anteriormente era proporcionado. La Asociación por los Derechos Civiles y Poder Ciudadano requirieron esa información, la cual era brindada por el Gobierno desde el año 2003, cuando se dictó un decreto que impulsó el acceso a la información pública en el ámbito del poder administrador. Pero en esta oportunidad el Jefe de Gabinete rechazó el pedido, alegando que la información está preservada por ser “datos personales”. Las entidades de la sociedad civil rechazaron el argumento, dado que se tratan de contratos públicos y denunciaron que a través de esta estrategia se dificulta el acceso a la información pública, obligando a judicializar el pedido. De este modo, se impide monitorear el uso de los recursos públicos que el Gobierno nacional destina a la publicidad de sus actos, un rubro que registraría un marcado ascenso presupuestario, ya que en el primer semestre de 2009 habría gastado un 243% más que en el mismo período del año anterior y esa tendencia habría registrado un nuevo salto.

En la agenda parlamentaria se debe asumir la necesidad de dotar al país de una norma que, con claridad, extienda el acceso a la información pública en todos los ámbitos del Estado y que sancione los actos de ocultamiento arbitrarios, así como debe también fijar una regulación de la publicidad estatal. Estas carencias afectan la calidad de nuestras instituciones y permiten el uso abusivo de los recursos públicos, de los cuales los funcionarios suelen creer que pueden disponer con total impunidad y sin necesidad de rendir cuentas ante ninguna instancia.

El Gobierno Nacional no promueve un régimen legal de acceso a la información pública y se niega a informar sobre sus gastos de publicidad.

Fuente: Clarín 

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