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Periodismo de Verdad: 23 de junio de 2010

La elección del rector de la Universidad Nacional de Tucumán, dio lugar a un conjunto de especulaciones extrañas, y lo que debió quedar reservado al ámbito exclusivo de sus claustros, trascendió a la opinión  pública por la vehemencia electoral y por denuncias de soborno que indudablemente empañaron lo que suponemos debe ser la cristalina elección del conductor  de una prestigiosa casa de altos estudios.

Para los que estamos lejos de la Universidad, nos resultó, además de alarmante, muy chocante que se haya llegado a una situación de investigaciones judiciales por la supuesta compra de voluntades y que se haya llegado a situaciones muy oscuras a lo largo  del proceso electoral.

Como argentinos, teníamos la esperanza de que algunos espacios resistieran la contaminación generada por la conocida corrupción de nuestra política y entre esos ámbitos asépticos, no contagiados, contabilizábamos a las universidades, sin embargo los hechos nos están indicando lo contrario.

Una nota periodística nos informa que algunos organismos públicos, utilizan a las universidades para contratar servicios que luego éstas tercerizan a empresas privadas. Una forma de evitar la licitación pública y los controles fiscales, ya que la ley permite a los organismos estatales, firmar convenios con las Universidades nacionales sin mayores requisitos.

De esta forma el PAMI contrató con la Universidad Tecnológica Nacional en 2005, la elaboración de un sistema informático que a su vez ésta tercerizó con una empresa privada. El contrato comenzó a ejecutarse en 2006 y estuvo vigente hasta el año pasado.  Se pagaron en total 14 millones de pesos en 24 cuotas de 580 mil.   El sistema informático lo hizo en realidad la empresa Kron, en una primera etapa subcontratada junto a otras dos firmas (Sols y WMS) y finalmente como dueña de todo el negocio. Esto fue denunciado ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por uno de los empresarios que se quedó afuera a mitad del camino. A su vez colaboró con pruebas, como los pagos que la Universidad efectuaba a los empresarios. La UTN en definitiva, no aportó nada.  ^[i]

Muchas veces analizamos el tema de la licitación pública, que es el mecanismo natural y obligatorio para contratar que tiene el Estado. Es la única forma de transparentar los negocios públicos  ya que facilita la genuina competencia entre los oferentes, en beneficio del Erario. Lamentablemente, en un país donde la corrupción se ha vuelto endémica, se utilizan todos los mecanismos para eludirla y se recurre a la sospechosa contratación directa, de manera cada día más habitual.

La utilización de universidades para burlar la ley y evitar las licitaciones, se está tornando frecuente. Las casas de estudio prestan el nombre para que las empresas privadas actúen, y en casi todos los casos son éstas las que inventan y proponen el negocio.  En la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, se están investigando otros casos, como el contrato de la ciudad de Buenos Aires con la misma UTN para que le diera el soporte para el sistema de infracciones fotográficas, la Tecnológica, subcontrató a su vez a la empresa, Sols Technologies.

Un conocido refrán que parece haber sido creado especialmente para los argentinos, dice “Hecha la ley, hecha la trampa” , resulta lamentable que en medio de la trampa aparezcan las universidades.

 

“Reflexiones sobre la Actualidad” análisis de Rafael Bulacio, irradiado en la fecha por las ondas de Radio del Plata Tucumán, 93,9 Mhz; Millenium Tucumán, 97,7 Mhz; y Spika Tucumán, 89,1Mhz.

martes, 22 de junio de 2010

 

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