Tucumán: El tribunal aplicó su propio criterio en el fallo de la ex Jefatura
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Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF), Carlos Jiménez Montilla, Josefina Curi y Gabriel Casas, aplicaron su propia interpretación legal en la determinación de las sentencias en el proceso por el funcionamiento del centro clandestino de detención en la ex Jefatura de Policía, con lo cual se apartaron por igual, en algunos puntos, de los planteos de acusadores y de defensores.
En su resolución, los magistrados condenaron a Luciano Benjamín Menéndez y Roberto Heriberto Albornoz a prisión perpetua por graves violaciones a los derechos humanos (en el primer caso, como autor mediato; y respecto del comisario retirado, como autor material directo y también mediato de diversos delitos). Entre los ilícitos por los que fueron penados figura la privación ilegítima de la libertad de Fernando Araldi, de apenas un año de edad cuando fue sacado de su casa en Frías Silva al 200, junto con su madre, Diana Oesterheld.
El tribunal no hizo lugar a los pedidos de las querellas para que Menéndez y Albornoz pierdan sus cargos militar y policial, respectivamente, bajo la figura de infames traidores a la Patria. Tampoco aceptó los planteos de las partes para que se investigue por falso testimonio a los testigos Oscar Conte y Carlos Acuña (también se lo había acusado de apología del delito), ni contra Domingo Antonio Jerez por diversos posibles delitos, con lo cual se cerraron sus vinculaciones con este caso.
Sobre los De Cándido
Los miembros del TOF consideraron probada la responsabilidad directa de Luis Armando de Cándido en el secuestro de Marta y Rolando Coronel, y lo sentenciaron a 18 años de cárcel (la acusación había pedido prisión perpetua, y su defensor oficial, Ciro Lo Pinto, la absolución). También concluyeron que el deceso de los Coronel (padre e hija) se produjo por tortura seguida de muerte, cuando inicialmente sólo se había planteado esta situación respecto de Marta.
En cambio, rechazaron algunas imputaciones efectuadas por el fiscal federal general, Alfredo Terraf y por las querellas. Así, no prosperaron la acusación de usurpación de esa propiedad en contra de Albornoz (se anuló la elevación a juicio en este punto) ni de encubrimiento de delitos de lesa humanidad contra Carlos de Cándido. Asimismo, desestimaron las impugnaciones efectuadas desde la defensa contra distintos aspectos del proceso penal, con lo cual se validaron todos los actos realizados en los cinco meses de juicio oral.
Los fundamentos de la sentencia se conocerán el lunes 23 de agosto. A partir de ese momento correrán los 10 días hábiles para que las partes apelen ante la Cámara de Casación Penal de la Nación.
Fuente: La Gaceta
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