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Periodismo de Verdad: 19 de julio de 2010

   

La diferencia de velocidad depende de qué abogados impulsen la causa, según la investigación 

Los contrastes son evidentes. Hay juicios previsionales que se definen con llamativa rapidez, otros que demoran más de una década y otros más que, cambio de abogado patrocinante, aceleran su ritmo hasta ejecutarse el cobro de millones de pesos en cuestión de meses o, incluso, semanas. Así surge de los escritos en los que se acusan entre sí los protagonistas centrales y, también, del informe de los auditores de la Corte Suprema. Y, siempre, con dinero que sale de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

El informe de los auditores detalla, por ejemplo, los expedientes tramitados en el Juzgado número 3 “Heredia”, “Crocco Guimar”, “Traballi” y “Garay de la Greca”, “Lozano Brignolo”, “Saravia”, “Vidal Etcheverry”, “Olguín”, “Porcel” y “Calderón”. También, “Mass”, “Molina”, “Benassi”, “Martínez” y Gagliardi”.

“Una vez presentada la liquidación por los letrados de la actora [por el jubilado reclamante] y sin razón aparente, la parte se presentaba con un nuevo letrado, labrándose acta poder ?detalló?. Inmediatamente, el nuevo letrado presentaba una nueva liquidación, que rápidamente era aprobada por el juzgado sin más trámite, notificándose a la Anses [por una forma inusual], liberándose los montos en un tiempo llamativo por la celeridad.”

Uno de los secretarios desplazados de ese juzgado, Emmanuel Catardo, aportó más datos sobre la peculiar disparidad en los tiempos de cada expediente. Así, destacó que hay expedientes de “1992, 1993 o 1994 que todavía están sin pagarse”. Entre otros motivos, porque “se le permite a la Anses efectuar todo tipo de presentaciones extemporáneas, meramente dilatorias y sin sentido para retardar indefinidamente el cumplimiento total de las causas”. Es decir, que los jubilados cobren.

Catardo cita como ejemplo de esas dilaciones sistemáticas el caso “Rangugni”, cuya ejecución de sentencia se inició en 2002, aunque la Anses “nunca efectuó la liquidación ordenada”. Y que tras múltiples vueltas, apelaciones, impugnaciones y retrasos de ambas partes ?pero en particular de la Anses?, aún continúa abierto.

Por el contrario, comparó, hay un abogado con 53 expedientes en su ex secretaría. “Más de 45 de ellos no han sido apelados” por la Anses, como los casos “Granata”, “Caprile” y “Toma”. Ni las liquidaciones, ni las regulaciones de honorarios, ni sus cuantificaciones. Y cita 72 casos similares de dos abogados. “De esta clase de expedientes hay muchos más y de diferentes letrados ?desafió Catardo?, lo que ocurre es que por haberme separado del cargo, no pude tener acceso a ninguno más. Pido, por ello, que la Auditoría los estudie y dictamine al respecto”.

Fuente: La Nación

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