No, de ninguna manera, no es un “disparate” como calificaron ex funcionarios y actuales funcionarios a las reacciones frente a la sanción de la Ley Antiterrorista, sancionada en la madrugada del jueves pasado.

 Es un tema muy grave, que hubiera requerido un debate en profundidad. Porque “Terrorismo” es un tema de inaudita vaguedad, cuestionado internacionalmente, que sirve para cualquier propósito o intencionalidad política.

La Ley se conoció sin ningún tipo de imprescindibles polémicas y análisis en profundidad que la Argentina viene desconociendo, tal vez por darle la espalda a elementales conceptos democráticos. Asusta que después de un año de escasísima producción, el Parlamento aprobara con una rapidez inusitada un paquete de leyes consideradas “Express”, entre las que se incluye la Antiterrorista. Y es así porque muchos lo hicieron, como consideró un legislador, “como ofrenda a la Presidenta”, que las había pedido.

Hubo naturales y expresivas reacciones desde distintos sectores. De políticos, de Centros de Derechos Humanos, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, de entidades empresarias, de distintos expertos, del Juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, de FOPEA (Foro del Periodismo Argentino ). Y del vasto conjunto de comunicadores después que José Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) considerara que titulares y notas periodísticas podrían incluírse en el delito que se lanza. Sin olvidar que la norma puede servir también para criminalizar la protesta social.

El pretexto del nacimiento de esta Ley es un pedido del Grupo de Acción Financiera (GAFI), un foro intergubernamental que viene solicitando esquemas punitivos para el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico o de organizaciones terroristas. El GAFI estaba calificando desde hace años a la Argentina como “país no confiable para las inversiones”.

Sin duda que el origen de esta teórica “red de protección” está en el atentado a las Torres Gemelas y otras acciones de extrema violencia en el mundo. Argentina no quedó aislada en la presión del GAFI porque Paraguay puso en vigencia, en junio del 2010, su propia Ley Antiterrorista con penas de hasta 30 años de prisión. Otra nación vecina, Chile, tiene su Ley Antiterrorista que fue sancionada por el gobierno militar de Augusto Pinochet para aplicarla contra combatientes adversarios y contra los comuneros indios mapuches.

Sin embargo, el juez Zaffaroni consideró públicamente al GAFI como “un organismo de segunda categoría” que se atribuye derechos mayores que las Naciones Unidas. Agregó que la Ley Antiterrorista , sobra, porque todos los delitos que pretendería abarcar están incluidos ya en el Código Penal.

El dilema crucial de esta Ley es qué significa para los que la elaboraron y aprobaron “terrorismo”, un término sin especificidad, indefinible, en torno al cual las mismas instituciones internacionales no se han podido poner de acuerdo. A fines del primer trimestre de este año, cuando se presentó el proyecto de Ley en el Parlamento, la Asociación de Abogados de Buenos Aires consideró que “conforme a principios elementales de derecho penal universalmente aceptados, es inadmisible la creación de un tipo penal sobre la base de un verbo polisémico, aterrorizar”. Se aplica “polisémico” a una palabra que tiene varios significados.

Un terreno peligroso, por lo impreciso. Recordó esta Asociación, que la Corte Suprema negó un “estatuto especial” al término “terrorismo”, teniendo en cuenta que el Código Penal prevé y reprime delitos contra la vida, abuso de armas, delitos contra la libertad individual, extorsión, daños, atentados contra la seguridad pública y el orden público. Lo único que no forma parte es el delito de genocidio, que habría que incorporar en una imprescindible reforma del Código Penal.

FOPEA reaccionó con dureza frente a las leyes Express en tanto se consideró una sumatoria de acosos. Pidió recaudos para que la producción y abastecimiento de papel para diario y la norma “antiterrorista” se realice con criterios que beneficien a la sociedad en su conjunto y no sobre la base de intereses particulares.

La acepción “terrorismo”, “terrorista”, ha dado pie en el Siglo XX a grandes injusticias y fue usado en medio del furor de la Segunda Guerra Mundial y en renovados conflictos. La historia argentina carga con leyes de excepción que no frenaron ninguno de los actos terroristas que impactaron en el país. Y sólo fueron útiles para la represión social y política.

Daniel Muchnik
Periodista. Ensayista

Fuente: Cronista.com (Buenos Aires)

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Deben actuar los controles constitucionales para frenar el hostigamiento a los medios de comunicación independientes

Se ha dado otro paso gravísimo en la escalada promovida por el Gobierno contra los medios de comunicación independientes, el cual muestra el peligro real en el que se encuentra nuestra República. El allanamiento practicado en la sede de la empresa Cablevisión, integrante del Grupo Clarín, está cargado de irregularidades y ha evidenciado la articulación de una estrategia gubernamental en la que participan también terceros interesados en obtener ventajas a partir de su alineamiento con el oficialismo. Y, por sobre todo, el gravísimo hecho ha puesto de manifiesto la decisión del Gobierno de apelar a todos los múltiples factores de poder a su alcance para impedir el libre desenvolvimiento de los medios de comunicación en los que se expresan informaciones y críticas que astillan el relato oficial de la realidad nacional.

El allanamiento y la decisión de intervenir Cablevisión fue dispuesta en el marco de una causa inverosímil, en una jurisdicción en la que la empresa no opera y en la que, en cambio, sí ejerce una notable influencia un grupo afín al Gobierno. Esta medida, llevada adelante por una desmesurada cantidad de efectivos de una fuerza de seguridad que debe encargarse de la seguridad fronteriza y con cámaras de la televisión gubernamental previamente avisadas del operativo, ocurre en medio pretende controlar el abastecimiento de papel para diarios; apenas al día siguiente del pedido realizado por el Procurador General de la Nación, alineado con el Gobierno, de que se acorte el plazo legal de tratamiento de las impugnaciones judiciales formuladas por Clarín a la ley de Medios; y contemporáneamente a nuevas medidas persecutorias peticionadas por el Ejecutivo en la causa judicial que investiga el pasado de Papel Prensa. Se trata, en suma, de una acumulación de hechos de gravedad en un plazo muy breve, lo cual delata el ensañamiento del Gobierno contra un multimedio de comunicación independiente y, detrás de ello, contra las libertades de prensa y de expresión.

Este empeño gubernamental contra las libertades modernas básicas, las que aseguran que el Estado no atentará contra la publicación de informaciones y la expresión de ideas y que resguardará los derechos y bienes de las personas, es un indicio de autoritarismo que ensombrece el futuro cercano de nuestro país. La irracionalidad con la que se impulsan e imponen las medidas restrictivas a estas libertades primordiales es inédita, aunque guarda relación con el dispositivo montado para falsear las estadísticas oficiales, utilizar discrecionalmente la pauta de publicidad estatal con fines propagandísticos y asfixiar a los órganos de auditoría y control de las cuentas públicas. En vez de poner un empeño equivalente en la erradicación de la pobreza, en el combate a la inflación y la corrupción, en la atracción de inversiones y el fomento de la ciencia, en la mejora de la educación y de las condiciones de seguridad, el Gobierno recién asumido ha concentrado toda su capacidad de acción en la búsqueda de sanciones, en controlar y establecer el disciplinamiento de los medios independientes. Lamentablemente, esto pone mucho más en juego que la actividad del Grupo Clarín, ya que lo que el Gobierno pone en cuestión es un principio republicano básico, referido al papel del Estado en la sociedad. No es legítimo y es anticonstitucional que el aparato estatal busque por todos los medios restringir y condicionar la libertad de la prensa y de los medios de comunicación. No lo es tampoco que se utilice el poderío gubernamental con fines discrecionales y para imponer un relato único. Nada de esto es admisible en una República.

En esta encrucijada, entonces, resulta determinante el papel independiente y responsable de la Justicia, la cual debe limitar los avances ilegítimos y reafirmar los principios constitutivos de la República Argentina.

Fuente: Clarín

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Desde que murió Néstor Kirchner, la Presidenta no menciona la palabra Clarín pero la batalla que inició su esposo a comienzos de 2009 sigue cada vez con mayor ímpetu. El allanamiento y anuncio judicial de intervención a la mayor operadora de cable de la Argentina, Cablevisión, ejecutada de modo amenazante con el acompañamiento de 50 gendarmes, es el capítulo más importante de esta disputa que atrapa más que ninguna otra la atención del poder. Vale la pena repasar algunos puntos de esta historia para entender las intenciones verdaderas detrás de tantas palabras grandielocuentes.

n La firma de Néstor. Es cierto que Cablevisión tiene una posición dominante en el mercado de cable (el 43%, según la consultora Convergencia; más del 60%, según datos de Supercanal), pero también es cierto que fue Néstor Kirchner quien avaló esa distorsión con su firma en 2007 al autorizar la hoy cuestionada fusión con Multicanal pocos días antes de que asumiera Cristina. Para corregirlo no parece necesario avasallar a una compañía que tiene un buen servicio de cable y realiza inversiones permanentes para mejorar su tecnología. La clave es que su facturación constituye la mayor fuente de ingresos para el Grupo Clarín.

n El Grupo Vila Manzano. Supercanal es competidor de Cablevisión (tiene el 6,7% del mercado) y también del Grupo Clarín, ya que pertenece al Grupo Uno, cuyos accionistas principales son los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano y poseen diarios en el interior del país, además de América TV, A24 y radio la Red en sociedad con Francisco de Narváez. El Grupo Uno se mostró contrario a la ley de medios kirchnerista en un principio y terminó respaldándola. Critica la política comercial de Clarín y reclama por el manejo de la grilla de canales.

n Los cuatro frentes. La estrategia del Gobierno frente al Grupo Clarín incluye la ofensiva sobre Papel Prensa, con la ley que se sancionará mañana y qué prevé quedarse con el control de la fabricación y distribución del papel de diarios. La ofensiva judicial sobre el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, al que acusan de haberse apropiado de la compañía durante la dictadura para caraturarlo como delito de “lesa humanidad”. Y además de la iniciativa contra Cablevisión, está el capítulo sobre Fibertel, la empresa de servicios de internet a la que el ministro de Planificación, Julio De Vido, declaró “inexistente”.

n La asfixia a la prensa. La política de medios kirchnerista utiliza la pauta oficial como medida de premio o castigo, distribuyendo la mayor cantidad de esos aportes estatales entre la prensa que respalda al Gobierno. Ese comportamiento pobló el mercado periodístico de medios afines aunque todavía no logra ubicar a ninguno de ellos en los lugares de preferencia del mercado en prensa gráfica, como en TV, radio e internet.

La reelección obtenida por la Presidenta el 23 de octubre pasado; su amplia mayoría en el Congreso; los aliados en gobernaciones e intendencias indican como muy probable que el Gobierno consiga los objetivos que se propone. Es responsabilidad de la Justicia sostener el equilibrio en el poder. Y una prensa libre, crítica, lejos de los hostigamientos es la esencia del sistema democrático que tanto nos costó recuperar.

Fuente: El Cronista

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Esta mañana, la Gendarmería realizó un sorpresivo operativo por orden de un juez de Mendoza, a raíz de una denuncia del grupo Vila-Manzano. Cablevisión no tiene operaciones en esa provincia. Más de 50 gendarmes ocuparon primero el 9° piso y luego cada una de las plantas de la empresa. Llamativamente, un primo del empresario Vila es quien daba las órdenes. El hecho se da en el marco de una agudización de los ataques del Gobierno al Grupo Clarín. Los efectivos llegaron al lugar acompañados por cámaras de la TV oficialista.

En un hecho que prácticamente no tiene antecedentes, efectivos de la Gendarmería nacional allanaron y ocuparon sorpresivamente la sede de la empresa Cablevisión en el barrio porteño de Barracas. Fue por una orden de la justicia de Mendoza, donde la compañía no tiene operaciones, a raíz de una denuncia presentada por la empresa Supercanal, del grupo Vila-Manzano, alineado con el kirchnerismo. El juez que ordenó la medida, Walter Bento, también designó un interventor/coadministrador en la empresa de cable.

El operativo empezó a las 10 y se extendió hasta las 13. Los funcionarios judiciales y los gendarmes se retiraron luego de que los abogados de la empresa les reclamaran que no tenían jurisdicción para llevar a cabo el allanamiento, aunque no está claro quién dio la orden para que se retirara la Gendarmería, un cuerpo que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Ya terminada la ocupación de la sede, el apoderado de Cablevisión, Damián Cassino, informó que la empresa ya presentó sendas denuncias penales por allanamiento ilegal, violación de domicilio, abuso de autoridad y exhibición de armas.

Por su parte, ante un llamado de Clarín, el propio Daniel Vila aclaró que en las próximas horas no hará declaraciones y que nobrará un vocero para que explique su posición.

Todo empezó alrededor de las 10 de la mañana, cuando más de 50 efectivos de la Gendarmería llegaron a la sede de Cablevisión y Fibertel en el barrio de Barracas acompañados no solo por funcionarios judiciales sino, también, por las cámaras de 6, 7, 8, el programa ultraoficialista del canal estatal. Los gendarmes ocuparon el noveno piso del edificio, donde se encerraron pidiendo todo tipo de documentación a ejecutivos de la compañía. Luego fueron ocupando las otras plantas de la sede de Cablevisión. También revisaron las bolsas de cada persona que entraba a la sede de la compañía. Llamativamente, un primo del empresario Daniel Vila que se presentó como abogado comandó el operativo y le dio órdenes precisas a los gendarmes.

La orden fue dictada por el juez de Mendoza Walter Bento, que designó además como interventor/coadministrador a Enrique Anzoise, quien estuvo presente en el operativo y se retiró en medio de abucheos de los trabajadores de la compañía de cable. La denuncia que originó la decisión judicial fue hecha por Supercanal, del grupo Vila-Manzano, un multimedios con empresas de medios en Mendoza pero también en otras partes del país. El grupo es un aliado fundamental del Gobierno y uno de los principales beneficiarios de la pauta oficial.

La denuncia es por supuesto abuso de posición dominante, aunque se tramitó en Mendoza, donde Cablevisión no tiene operaciones. El abogado Ricardo Mastronardi, representante del interventor designado por Bento, dijo que la intervención será por 60 días y que “está firme y debe ejecutarse”, aunque por el momento “quedó trunca por imposibilidad de iniciarla”. También adelantó que habrá una presentación completa al juez Bento.

Mientras se llevaba a cabo el operativo, Bento participaba de otro operativo en la aduana de Mendoza. Desde su juzgado -el Federal número uno de Mendoza- aseguraron que no darán más información sobre el caso que la que ya circula, aunque en declaraciones que recoge el diario El Sol de Mendoza, el magistrado negó que la ocupación del edificio de Cablevisión por parte de 50 gendarmes se tratara de un allanamiento. Según esas declaraciones del juez, la intervención apunta a deshacer la fusión entre Cablevisión y Multicanal. Este mediodía, el apoderado de Cablevisión adelantó también que apelarán la intervención.

En un comunicado, Cablevisión acusó a Vila-Manzano de llevar adelante “una maniobra con el auxilio de un juez mendocino para intentar intervenir Cablevision” y resaltó que se trata de un hecho “sin precedentes que se inscribe dentro de la sistemática campaña de hostigamiento que el Gobierno nacional realiza a las empresas del Grupo Clarín”.

“El mismo Grupo de medios mendocinos que ayer salió a avalar la ley de Control de Papel, ahora está apelando a un Forum Shopping (elección a dedo de un juzgado), en una provincia donde Cablevisión no tiene operaciones, pretendiendo cumplir la tarea que el Gobierno Nacional no pudo e intentando avanzar sobre el patrimonio de una compañía privada e independiente que brinda servicio de televisión por cable e Internet a millones de argentinos”, añade el texto de la empresa de cable.

El único antecedente con el que cuenta el inusual y sorpresivo operativo de esta mañana es el allanamiento que realizaron más de 200 inspectores de la AFIP a Clarín en septiembre de 2009. En ese momento, el propio titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, salió a despegarse del cuestionado operativo, del que, dijo, se enteró por Internet.

Fuente: Clarin.com

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La fusión, que contó en su momento con el visto bueno del entonces presidente Néstor Kirchner, luego fue desactivada por Moreno y Boudou

El de hoy es un capítulo más de la pulseada entre el Gobierno y el Grupo Clarín, al que pertenece Cablevisión, que comenzó en 2008, en los tiempos del conflicto por la resolución 125.

Confrontación que tuvo un episodio de características similares cuando, en septiembre de 2009, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó un operativo que tomó la redacción del diario Clarín y alcanzó incluso a los domicilios particulares de algunos de sus directivos, síndicos y apoderados.

Ese operativo, que fue luego desautorizado por el titular del organismo recaudador, Ricardo Echegaray, involucró a más de 200 inspectores que, por más de dos horas, requirieron información fiscal y previsional a empleados y a autoridades del multimedio.

Pero antes del quiebre, cuando las relaciones con el gobierno del fallecido expresidente Néstor Kirchner eran armónicas, Cablevisión adquirió en diciembre de 2007 a Multicanal y se transformó en el mayor operador de cable de la Argentina y a uno de los principales de la región.

Esta acción fue refrendada por la resolución 257/2007 de la hoy todopoderosa Secretaría de Comercio Interior, que ya tenía como titular a Guillermo Moreno

La empresa del Grupo Clarín quedó así con 2,8 millones de abonados a la TV por cable y con 620 mil suscriptores al servicio de Internet de banda ancha. Esto es, un 47% del mercado de la televisión por cable, donde se estima que hay cerca de seis millones de suscriptores.

Dos años después, el 14 de diciembre de 2009, por medio de la resolución 1011/09, la secretaría de Moreno suspendió por 60 días la autorización que se había otorgado en 2007 para la fusión de ambas compañías. Mediante una resolución 1011/09, el titular de Comercio Interior, el Gobierno decidió “cesar los efectos de la autorización” de la operación que hacía dos años había aprobado la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)

Finalmente, el 4 de marzo de 2010, el Ministerio de Economía, ocupado por el hoy vicepresidente Amado Boudou, refrendó lo actuado por Moreno y revocó definitivamente la fusión entre las dos compañías rechazando en su resolución “el planteo de nulidad” interpuesto por el Grupo Clarín contra la decisión de Comercio Interior.

Fuente: La Nación

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Varios legisladores del arco opositor condenaron el allanamiento que realizó la Gendarmería en una de las sedes de la operadora de televisión paga del Grupo Clarín, y acusaron al Gobierno como principal responsable; el oficialismo intentó desvincularse del hecho

Diferentes referentes de la oposición criticaron severamente el allanamiento realizado hoy durante tres horas por la Gendarmería, en uno de los edificios donde funcionan las oficinas de Cablevisión, la operadora de televisión paga del Grupo Clarín.

Legisladores de diferentes fuerzas políticas apuntaron al Gobierno Nacional como el responsable central del allanamiento que tuvo lugar en el barrio de Barracas. El diputado del peronismo federal, Francisco de Narváez, generalizó el alcance del hecho al alertar que “estamos ante una actitud lamentable que no apunta sólo a un grupo de medios, sino que amenaza a todos los ámbitos de expresión que no lleven el discurso oficial”.

Desde el radicalismo directamente pidieron al Gobierno “cesar con sus maniobras en contra de la libertad de expresión”. El presidente de la UCR, Mario Barletta, aseguró que el juez de Mendoza que ordenó la intervención “ha designado también a un coadministrador de la empresa (lo cual) trasciende a una medida judicial”, y lanzó: “No se puede jugar con las libertades básicas al calor de los antojos oficiales”.

La diputada nacional por Unión por Todos, Patricia Bullrich, comparó esa acción con las intervenciones realizadas durante la gestión de Hugo Chávez, en Venezuela, a diferentes medios de comunicación privados. “El Gobierno utiliza el aparato del Estado, en este caso a la Gendarmería, con el único objetivo de liquidar al Grupo Clarín”. “La chavización avanza a pasos acelerados (.) configura un claro atentado a la libertad de prensa que erosiona gravemente el sistema democrático del país”, dijo.

Bullrich también repasó otros hechos realizados por el Gobierno Nacional que fueron denunciados públicamente desde 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, hasta la actualidad: “Comenzaron con los insultos; siguieron con los escraches a periodistas; con la construcción de una mentira con los hermanos Noble Herrera; hubo agresiones e insultos a los periodistas en las escasísimas conferencias de prensa; concursos de escupitajos a personalidades del periodismo y la política”, recordó.

Además, el secretario de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, consideró que “estamos ante un hecho grave; se ponen en juego derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, amparadas por nuestra Constitución, como la libertad de expresión y de información”.

La intervención

El edificio de Cablevisión fue allanado durante tres horas por orden de un juez mendocino; cuya resolución dispuso que un coadministrador analice la documentación de la empresa del Grupo Clarín.

Los empleados reaccionaron con indignación. Luego de tres horas de operativo en las oficinas que la firma Vila tiene en Hornos al 600, del barrio de Barracas, el interventor designado por la Justicia, Enrique Anzoise, salió del edificio rodeado de gendarmes, mientras un importante grupo de empleados lo abucheaba y protestaba en medio de la indignación.

El abogado del interventor, Ricardo Mastronardi, especificó: “La Justicia designó a un coadministrador con facultades para analizar toda la documentación de la empresa. La denuncia la hace Supercanal. La convivencia ha quedado trunca, así que vamos a pedir medidas para permitir la intervención”.

Supercanal pertenece al grupo Vila-Manzano (Uno Medios). La causa en la que se ordenó la intervención tramita en Mendoza y apunta a lograr que se declare nula la fusión de Cablevisión y Multicanal. El objetivo coincide con el que tiene el Gobierno desde que la Secretaría de Comunicaciones dictó la resolución 10/100, que anuló esa fusión.

Según informó Mastronardi, la intervención todavía no pudo hacerse efectiva. “Presentaremos un informe pormenorizado de los hechos. Pretendemos que la Justicia disponga de las órdenes que permitan el trabajo del coadministrador”, puntualizó.

Y completó: “La resolución judicial apunta a la necesidad de evitar el ejercicio de competencia desleal y el abuso de posición dominante en el mercado por parte de Cablevisión”.

Cuando terminó el operativo y Anzoise se retiró los empleados de Cablevisión protestaron frente al edificio allanado. “El interventor es un intruso”, dijo a los medios uno de los trabajadores de la empresa.

El descargo de Cablevisión

Esta mañana, Cablevisión emitió un comunicado con su descripción de lo ocurrido.

“Fuerzas de seguridad impidiendieron el ingreso y egreso de personal de la compañía. La Gendarmería tomó el edificio central de la empresa y revisó los bolsos del personal de la compañía”, señalaron en el parte de prensa.

La primera reacción del Gobierno corrió por cuenta del ministro del Interior, Florencio Randazzo, que consideró “un disparate” vincular a la Casa Rosada con el operativo.

“Un hecho sin precedentes”

Desde Cablevisión, indicaron además que “la denuncia fue presentada por el Grupo Vila Manzano, uno de los multimedios aliados al Gobierno, quien está llevando adelante una maniobra con el auxilio de un juez mendocino para intentar intervenir Cablevisión”. Describió el episodio como “un hecho sin precedentes que se inscribe dentro de la sistemática campaña de hostigamiento que el Gobierno realiza a las empresas del Grupo Clarín”.

El comunicado se completa con otra alusión al Grupo Vila-Manzano. “El mismo grupo de medios mendocinos, que en el día de ayer salió a avalar la ley de control de papel ahora está apelando a un forum shopping, en una provincia donde Cablevisión no tiene operaciones, pretendiendo cumplir la tarea que el Gobierno Nacional no pudo, e intentando avanzar sobre el patrimonio de una compañía privada e independiente que brinda servicio de televisión por cable e Internet a millones de argentinos”.

Y concluye: “Cabe destacar que el Grupo Vila-Manzano, según cifras relevadas en los últimos días, es unos de los principales beneficiarios de la publicidad oficial”.

Terminado el operativo, el apoderado de Cablevisión, Damián Casino, agregó: “Fue un despropósito lo que sucedió. Cablevisión no opera en esta provincia y esta compañía esta planteando problemas de competencia”.

“Ya denunciamos por violación de domicilio y abuso de autoridad. El expediente recayó en el juzgado de [Norberto] Oyarbide, pero vamos a recursar porque él ya tiene enfrentamientos previos con el Grupo Clarín”, puntualizó Casino.

“La compañía sigue operando normalmente. Esto tiene una clara intecionalidad política. Este sector se ha plegado al Gobierno oficialista y les está devolviendo un favor”, concluyó.

El gerente de Comunicaciones Externas del Grupo Clarín, Martín Etchevers, no dudó en vincular el allanamiento con lo que llamó “la escalada de acciones del gobierno nacional contra el Grupo Clarín” y calificó el despliegue de Gendarmería como “absolutamente desmesurado e intimidatorio”.

Además, en declaraciones a TN, afirmó que los gendarmes llegaron al lugar junto con camrógrafos de América, canal de aire del grupo Vila-Manzano y del programa oficialista 678.

La última denuncia

A principios de mes, Cablevisión había denunciado ante la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales (Afsca) que es blanco de discriminación y hostigamiento: durante todo 2011, fue objeto de 488 sanciones, casi el 95 por ciento de todas las que aplicó el organismo a todo el sistema audiovisual.

La empresa del Grupo Clarín pidió al organismo que hasta hoy dirigió Gabriel Mariotto, que instruya un sumario para analizar la denuncia, en la que demuestra que fue sancionada, incluso, por supuestas infracciones que ya corrigió (como readecuar la grilla) o que, en realidad, fueron cometidas por otros medios.

Durante los últimos años, la Afsca abrió reiterados sumarios y sanciones contra Cablevisión con el objetivo de aplicar la ley 26.522 y justificar la revocación de su licencia.

Para demostrar que la Afsca discrimina a Cablevisión, el escrito hace referencia al ajuste de los distintos cableoperadores a la resolución que dispuso reordenar la grilla de canales (Res. 296/AFSCA/2010). Fuente: La Nación

Fuente: La Nación

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¿Por qué a Lula no le preocupaban las críticas de los diarios brasileños y apuntaba sólo a la TV? Cristina y una cuestión de clase.

Pasional, obsesionada por el contenido de los diarios con mayor número de lectores, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner avanza a paso redoblado hacia el control del papel de diario, insumo fundamental de la prensa gráfica. Cree que lo necesita para diseminar de una manera aún más eficaz su relato del pasado, el presente y el futuro; un pensamiento único, una construcción binaria, es decir en términos de amigos y enemigos, de buenos y malos.

Como otros políticos, Cristina no comprende cómo la mayoría de la gente prefiere leer diarios como Clarín, La Nación o Perfil, que no participan de su relato único. Y le gustaría solucionar ese malentendido a través del manejo discrecional del papel del diario, tanto el que se produce en el país como el que se compra del exterior.

En ese escenario, los diarios amigos serían favorecidos con igual o mayor cantidad de papel que los diarios considerados díscolos, como el gobierno ya hace con la distribución de la pauta publicitaria.

De allí, la decisión de declarar de utilidad pública la producción y la compra-venta del papel para diarios.

“No puede ser que tengamos tantos diarios pero que esos diarios representen tan poco del total de lectores”, me dijo la semana pasada un dirigente kirchnerista.

Hay, creo, en todo esto también un problema de origen de clase social. No de la clase a la que ahora pertenecen Cristina y varios de sus funcionarios, que han sido beneficiados por tanta movilidad social y forman parte de la elite económica del país. Todos ellos vienen de la clase media, donde la prensa gráfica tiene mucho impacto. Por eso, les molesta tanto esas críticas.

Distinto es el caso de Luiz Inácio Lula da Silva, que viene de los sectores populares: mientras fue presidente del Brasil, nunca le interesaron demasiado las críticas de Folha de Sao Paulo, O Estado de Sao Paulo y el resto de los diarios más leídos de ese país. Y eso que le daban duro. Es que Lula sabía que los votos que buscaba se informaban y formaban a través de la TV y a ella apuntó siempre.

Una visión distinta a la de Cristina, que gasta o invierte (ya se verá) parte de su capital político en una contienda que no se sabe cómo terminará.

(*) Periodista, autor de Operación Traviata y Operación Primicia.

Fuente: Perfil.com

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En el microcentro porteño aparecieron afiches que “despiden” al multimedio. El panfleto anti “gorilas” de La Cámpora. Fotos.

Agrupaciones ultrakirchneristas le dieron un “ultimátum” al grupo Clarín tras la reasunción de Cristina Fernández de Kirchner. Según afirman en un afiche, “ningún monopolio resistirá tres gobiernos populares“.

El afiche que apareció en el centro porteño fue firmado por la Juventud Peronista (JP), que encabeza el legislador porteño Juan Cabandié, el Movimiento de Unidad Popular (MUP) -también aliado de La Cámpora- y Kolina, la agrupación de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.

La Cámpora, precisamente, no firma este afiche debido a que ayer ya distrubuyeron su propio panfleto en el Congreso de la Nación. “Ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad, para todos los gorilas, un gobierno popular”, señalaba.

Esta propaganda política se multiplicó en recinto e incluso había decenas de ellos sobre la mesa legislativa en la que la Presidenta ofreció el discurso de investidura. Algunos ministros los leyeron entre risas, mientras que los mandatarios extranjeros los leyeron incrédulos.

Fuente: Perfil

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En una entrevista con Susana Giménez, la diva confirmó su regreso a la ficción para el próximo año en La dueña, donde interpretará a una poderosa empresaria de medios; “Vuelvo a ser actriz”, dijo

Mirtha Legrand vuelve a la ficción. Luego de varios años de rumores sobre su regreso a la pantalla chica, la diva confirmó esta noche que participará en el ciclo La dueña que prepara la productora Endemol y que emitirá el canal Telefé el año próximo, en el que interpretará una poderosa empresaria de medios.

“Vuelvo a ser actriz, vuelvo a la ficción”, deslizó, emocionada, Mirtha Legrand, en el living del programa de Susana Giménez, donde protagonizó una entrevista homenaje a su carrera en el cine argentino.

Entusiasmada con su nueva incursión en la TV, la ex conductora del canal América adelantó algunos pormenores de la ficción titulada La Dueña , que tendrá 13 capítulos.

“Interpreto a una empresaria, dueña de un imperio periodístico, una editorial importante. Y además, tengo hijos y nietos. Es un personaje lindísimo y van a pasar muchas cosas”, explicó.

Además, la diva contó que su nieto, Ignacio Viale del Carril, fue quien la impulsó para aceptar la propuesta para regresar a la ficción. “Me entusiasma mucho porque hace varios años que no actúo, salvo algunas participaciones como en Son Amores”, comentó.

Por otra parte, la conductora anticipó que desea volver con sus clásicos almuerzos en 2012 pero con un programa semanal. “Dos horas de programa es agotador. Me encanta mi trabajo, pero mi idea es que si vuelvo seria hacer los domingos al mediodía un almuerzo con todo lo que ocurre en el país”, señaló.

Al ser consultada por Susana sobre los rumores que vinculaban su alejamiento de la pantalla con su posición contraria al kirchnerismo , Legrand apuntó: “No creo que haya una cosa política. He cuestionado a este Gobierno, pero esa no es una razón para que no trabajes en televisión. Si fuese así, seria terrible”

Fuente: La Nación

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El ataque a pedradas a los periodistas Jorge Lanata, Magdalena Ruiz Guiñazú y Gabriel Michi, cuando éstos participaban del Congreso del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), en el auditorio al aire libre de la Universidad de Palermo se muestra como un lamentable episodio de fanatismo. Y por cierto, incompatible con los tiempos de democracia y tolerancia que intentamos transitar los argentinos.

Para Adepa, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, hechos de violencia contra periodistas “son ya moneda corriente debido al clima de intolerancia hacia la prensa no adicta al oficialismo que se ha instalado en el país”. La Entidad que agrupa a los diarios argentinos en una carta enviada a Jorge Lanata, le expresa su solidaridad, su más enérgico repudio a las agresiones, y califica al hecho, como un ataque a la libertad de expresión, evaluándolo “como una nueva y grave muestra de intolerancia contra un periodista que ejerce su oficio con honestidad intelectual e independencia”.

A las múltiples declaraciones de adhesión con los periodistas agredidos, se sumó también Horacio Verbitsky, a través de una nota en página doce, medio claramente identificado con el gobierno, donde señala “Sin matices ni divagaciones: repudio el torpe ataque con piedras a Magdalena Ruiz Guiñazú y Jorge Lanata, a quienes transmito con estas líneas mi solidaridad…”

Tanto Lanata como Magdalena Ruiz Guiñazú, apuntaron contra el programa 6,7,8 que se emite por canal 7. “Para mí no es un programa periodístico. No genera información propia. Es un programa de propaganda política” indicó Lanata, mientras Magdalena, en un tono irónico expresó “Somos las estrellas de 678″ y a continuación agregó: “El tema del periodismo militante ha tomado una violencia que a mí me duele muchísimo”.

Pero Lanata fue más allá, sin pelos en la lengua cargó contra Hebe de Bonafini, recordando que la titular de Madres, había sido distinguida con el Premio Rodolfo Walsh, no obstante que “A Hebe no le interesa la libertad de prensa” agregando a continuación: “No jodamos, si ella misma dice que sólo habla con medios oficialistas”.

Sobre la actualidad política el periodista optó por evaluar el bajo nivel alcanzado por la oposición más que asombrarse por el volumen de votos obtenidos por Cristina: “Siempre que hubo presidentes reelectos, hubo cifras cercanas al 50% de los votos” . Pero lo que más irritación puede provocar en el oficialismo es, cuando crudamente puntualiza: “Hay una estrategia muy inteligente del Gobierno en la construcción del mito de Néstor”.

Hemos optado por dejar hablar a los protagonistas de la noticia con sus propias palabras, antes que destacar nuestra opinión, que por cierto es de total repudio al insólito ataque a pedradas sufridos por los periodistas mencionados, en un ámbito académico. Silenciar a las voces disidentes de la manera que fuere, por presión, por dinero, por prebendas o a través de la violencia, es indigno de una república democrática, donde la prensa juega el importantísimo rol de vocero de los disidentes y señala equívocos y culpas que desde el seno del gobierno nadie osa comentarlas.

Bien expresa Adepa cuando indica que “estos ataques vulneran la libertad necesaria para ejercer el oficio periodístico y, en definitiva, el derecho de los ciudadanos a informarse” un derecho absoluto, que de ninguna manera, el pueblo cedió a la tutela de sus gobernantes.

“Reflexiones sobre la Actualidad” análisis de Rafael Bulacio, irradiado ayer por las ondas de Radio del Plata Tucumán, 93,9 Mhz; Millenium Tucumán, 97,7 Mhz; y Spika Tucumán, 89,1Mhz.

Fuentes:

http://tn.com.ar ; http://www.pagina12.com.ar; http://www.lanacion.com.ar

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